La corrupción no siempre se esconde. A veces se normaliza desde las propias instituciones que deberían combatirla. Ese es el caso de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Querétaro, que recibió documentos mutilados como parte de una investigación por desvío de recursos, y no actuó.
Documentos mutilados sin consecuencias
La carpeta de investigación CI/QRO/25074/2021, que analizaba el desvío de más de 43 millones de pesos en programas sociales municipales, fue integrada con documentos incompletos: listas de beneficiarios con la parte inferior de cada hoja recortada. Allí debían aparecer las firmas de los funcionarios responsables de autorizar los pagos.
A pesar de que la mutilación era evidente, la Fiscalía Anticorrupción no solicitó los originales ni abrió un proceso por manipulación de pruebas. Esta omisión no fue un simple error administrativo: constituye una falta legal grave.
Responsabilidad por omisión
La ley establece que cualquier evidencia presentada en una investigación debe estar completa y verificada. La Fiscalía tenía el deber legal de rechazar documentos alterados, exigir su reposición y proceder contra quien los haya manipulado. Nada de eso ocurrió.
Javier Rodríguez Uribe, entonces contralor municipal y responsable de integrar el expediente, renunció el 1 de enero de 2024 sin enfrentar sanciones. Poco después, fue premiado como delegado de la Fiscalía General de la República en Querétaro, sin haber aprobado siquiera el examen de confianza.
Inacción institucional que legitima la impunidad
El caso no solo exhibe la negligencia de un funcionario local, sino la falta de acción institucional desde un órgano especializado cuya misión es prevenir y castigar la corrupción. Cuando no se actúa ante evidencias mutiladas y se guarda silencio, la Fiscalía se convierte en parte del problema.
¿Y Gertz Manero?
Desde la oficina del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, no ha habido ningún pronunciamiento. El ascenso de Javier Rodríguez Uribe parece haberse concretado sin revisión de su expediente anterior. El fiscal general tiene la responsabilidad de revisar si sus subalternos están permitiendo —o solapando— actos de corrupción mediante omisiones.
Una Fiscalía que no fiscaliza
El mensaje que deja este caso es alarmante: manipular evidencia, entregar pruebas mutiladas y ser omiso, lejos de ser sancionado, puede terminar siendo premiado. Y mientras eso ocurre, la justicia pierde credibilidad.
¿Debe responder legalmente la Fiscalía Anticorrupción por omitir actuar ante pruebas mutiladas? ¿Y el fiscal Gertz Manero por permitirlo?